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La incompetencia de los políticos españoles puede ser tan mortal como la COVID-19

Por supuesto la frustración no es exclusiva de España. La coincidencia de la pandemia con la emergencia de populismos y extremismos en el mundo, desde Estados Unidos a Filipinas, ha dificultado respuestas basadas en el conocimiento, la ciencia y la gestión eficaz de los medios disponibles. Pero en el caso español los problemas trascienden la coyuntura actual.

Los partidos políticos se han convertido en organizaciones endogámicas y herméticamente cerradas al talento exterior. Los españoles solo pueden votar a sus candidatos en bloque, a través de listas cerradas elaboradas por los propios partidos tras un proceso de selección donde la intriga y las relaciones cuentan más que la preparación. La mayoría de nuestros representantes llegan a puestos de responsabilidad sin más experiencia que su militancia política. Solo el 36 por ciento de los diputados del Congreso declaraban haber trabajado alguna vez en la empresa privada en 2018.

En tiempos normales las disfunciones de la política española quedaban tapadas y la polarización inmunizaba a los políticos frente a las consecuencias de sus errores. La pandemia ha desvelado una verdad dolorosa: la incompetencia cuesta vidas y arruina economías, como demuestra el ejemplo de la comunidad de Madrid, el centro financiero y administrativo de España, hoy en situación límite.

Nueva York y Madrid estaban en condiciones similares en el mes de junio: tras haber sido duramente golpeadas por la COVID-19, tenían la pandemia controlada. Desde entonces la comunidad española ha visto multiplicar sus casos hasta los 772 por cada 100.000 habitantes mientras Nueva York mantiene la situación bajo control con 28 contagios por cada 100.000 habitantes. Tampoco aquí hay secreto: las diferencias en el número de rastreadores, el apoyo hospitalario, la reapertura eficazmente prudente de los negocios o las pruebas explican la diferencia.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular —el partido conservador que lleva gobernando la región 25 años—, ha prometido en estos meses rastreadores, refuerzos sanitarios y profesorado para las escuelas que no han llegado o no lo han hecho a tiempo. Además de las tensiones con el gobierno central, las recomendaciones de los expertos han sido supeditadas al oportunismo político, las medidas se han tomado tarde y, en otra de las características de la clase dirigente española, las culpas se han extendido para eludir las responsabilidades propias.

Revertir la mediocridad en la política española requerirá de profundas reformas que deben comenzar por la educación y cuyos beneficios podrían demorarse años. Pero nada impide empezar por medidas más concretas que frenarían la degradación de la vida pública.

Urge cambiar la ley electoral para que los votantes escojan a sus representantes en listas abiertas, replantearse una organización territorial que ha provocado una gran descoordinación entre regiones y renovar las instituciones de gobierno para que dejen de ser una agencia de colocación de políticos y militantes afines a los partidos en el poder. Y, sin embargo, nada de ello servirá mientras no se responsabilice a los dirigentes españoles por sus fracasos y que estos tengan consecuencias políticas en las urnas.

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